¿Qué consecuencias tiene no iniciar la ejecución a tiempo?
Cuando una empresa se manda la cagada de no arrancar a tiempo un contrato público… uff, se le viene la noche. No es solo que la entidad pública se moleste (que ya es bastante), sino que te pueden caer broncas legales y económicas de todos los colores.
Para empezar, las multas. No son moco de pavo. A veces son una buena tajada del valor del contrato—o sea, duele. Y todo porque la administración no está para andar esperando a nadie, que tienen sus propios marrones y no quieren más líos por culpa de un contratista lento o despistado.
¿Y si la cosa se pone fea? Pues la entidad pública puede mandarte a paseo y romper el contrato antes de tiempo. Imagina el show: te quedas sin la pasta que pensabas cobrar y, si ya te soltaron algo, igual toca devolverlo. Vaya chasco.
Pero espérate, que aún hay más: si el retraso es bestia, pueden llevarte a juicio. Y ahí ya, entre abogados, costes y posibles indemnizaciones, se te va el dinero y los nervios.
Y ni hablemos de la reputación… porque en este mundillo de contratos públicos, si te etiquetan de incumplidor, te va a costar sudor y lágrimas volver a ganar otro concurso. Las entidades no quieren reincidentes en su lista de proveedores.
Ojo, porque no solo la empresa la pasa mal—la administración también. Si no cumplen con los plazos, los servicios públicos se resienten, la gente se cabrea, y los de arriba empiezan a pedir cabezas. Así que, sí, todo el mundo sale perdiendo.
¿Moraleja? Si vas a meterte a una licitación pública, mejor asegúrate de tener todo atado y bien atado. Personal, materiales, plan B, lo que haga falta. Y si ves que la cosa se complica, avisa pronto, no esperes a que explote la bomba.
En fin, retrasarte con el inicio de un contrato público es la receta perfecta para el desastre: multas, pérdida de contratos, juicios, mala fama… Un combo que nadie quiere. Así que, si te metes en esto, más vale que seas puntual.
